Mejorar las pensiones de quienes dedicaron su vida productiva al trabajo es un objetivo social legítimo. Pero una buena intención no basta: para que una pensión sea digna también debe ser pagable, hoy y dentro de treinta años. Ese es el debate de fondo de la Iniciativa de Ley 6694, Incremento para la Dignificación de las Pensiones del IGSS y Cumplimiento del Aporte Estatal.
¿Qué propone la iniciativa?
Esta iniciativa plantea:
• Llevar las pensiones del IGSS inferiores al salario mínimo no agrícola hasta ese monto, en un plazo máximo de dos años.
• Un incremento anual de Q500 para ciertas pensiones que ya alcanzan o superan ese salario mínimo, sujeto a condiciones presupuestarias.
• Un incremento anual que no sea inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor.
No se trata de oponerse a dignificar las pensiones, sino de evitar que una medida socialmente deseable, pero insuficientemente sustentada, termine debilitando el sistema que debe proteger a los pensionados.
Cinco razones para actuar con responsabilidad
1. Las reservas del IVS ya están bajo presión
El Ministerio de Finanzas Públicas, en su Informe de Riesgos Fiscales 2026-2030, advierte que las proyecciones actuariales del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS), basadas en la valuación del IGSS de 2022, apuntan al agotamiento de las reservas alrededor de 2033. Nuevas obligaciones sin ingresos adicionales podrían acelerar ese escenario. Cuánto lo aceleraría la Iniciativa 6694 es algo que hoy nadie puede afirmar: falta el estudio actuarial específico.
2. Un gasto permanente exige un financiamiento permanente
El artículo 6 faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para readecuar recursos a partir de saldos de caja. Pero esos saldos varían cada año y compiten con otros compromisos del Estado; un incremento de pensiones, en cambio, es un gasto recurrente. Quedan preguntas sin respuesta: ¿cuánto costará a 10, 20 y 30 años?, ¿cuánto deberá transferir el Estado cada año?, ¿quién cubrirá el déficit si el costo real supera lo estimado?
3. El costo no se paga una sola vez: se acumula
Cada aumento pasa a formar parte de la base de prestaciones, mientras nuevos pensionados se suman al programa. Y como el artículo 3 vincula los incrementos al IPC, el gasto seguirá creciendo después de la nivelación inicial. El riesgo se mide por el valor acumulado de las obligaciones futuras, no por el primer desembolso.
4. La deuda histórica del Estado y el superávit no sustituyen una evaluación actuarial
La exposición de motivos reconoce una deuda del Estado con el IGSS de Q72,343,711,826.36 (datos a septiembre de 2024). Cobrarla es indispensable, pero es una operación distinta a financiar nuevos beneficios durante décadas. Lo mismo ocurre con el superávit de Q488.75 millones que el IVS registró en 2024: es una buena noticia, pero el resultado de un ejercicio no demuestra la suficiencia de las reservas a largo plazo.
5. Si el sistema se desequilibra, alguien paga
La iniciativa no aumenta las cuotas, pero un deterioro financiero podría generar presión para subir las contribuciones de empleadores y trabajadores, encareciendo la contratación formal y reduciendo el ingreso disponible de las familias. Son riesgos potenciales, no consecuencias automáticas, y precisamente por eso deben evaluarse antes de legislar.
Lo que debe hacerse antes de aprobar
1. Un estudio actuarial independiente y específico sobre el costo de la Iniciativa 6694, con su impacto en reservas, flujos de caja y fecha estimada de agotamiento.
2. Una fuente de financiamiento permanente, suficiente, verificable y jurídicamente definida.
3. Claridad sobre qué ocurre si los recursos no alcanzan en los plazos previstos.
4. Una mesa técnica tripartita, con Estado, empleadores y trabajadores, para analizar alternativas sostenibles.
5. La garantía de que cualquier incremento no comprometa el pago de las prestaciones presentes y futuras.
El propio Ministerio de Finanzas Públicas ha señalado la necesidad de una reforma técnica e integral del IVS, sustentada en estudios actuariales actualizados y diálogo nacional.
Conclusión
La disyuntiva no es elegir entre mejorar las pensiones y preservar el IGSS: se trata de garantizar ambas cosas. Aprobar obligaciones previsionales permanentes sin demostrar cómo se financiarán podría comprometer a quienes hoy reciben una pensión y a quienes cotizan para recibirla mañana.
Dignificar las pensiones, sí. Sin poner en riesgo el régimen que debe pagarlas.
